Nº64 Viernes, 21 de Octubre de 2005


CEOE presentará una propuesta propia en el diálogo social al rechazar el texto del Gobierno
La CEOE acudirá a la próxima reunión de la mesa de diálogo social con un programa propio que supondrá una fuerte revisión del documento presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los agentes sociales. Un texto que, a juicio de la patronal, imposibilita el acuerdo ya que aborda la reducción de la precariedad y la temporalidad con medidas que reducirán el empleo.

Para el Círculo de Empresarios, el debate sobre la financiación de las Comunidades Autónomas no puede ni debe reducirse a una confrontación meramente política
En su último documento correspondiente al mes de septiembre, el Círculo de Empresarios aborda la financiación de las Comunidades Autónomas apostando por un sistema de financiación que incremente la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, definiendo explícitamente un nivel de bienes y servicios al que todos los ciudadanos tengan acceso independientemente de su lugar de residencia. En este sentido, sería obligación del Estado dotar a éstas de recursos (propios y cedidos) suficientes para ofrecer ese nivel.


 

CEOE presentará una propuesta propia en el diálogo social al rechazar el texto del Gobierno

La CEOE acudirá a la próxima reunión de la mesa de diálogo social con un programa propio que supondrá una fuerte revisión del documento presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los agentes sociales. Un texto que, a juicio de la patronal, imposibilita el acuerdo ya que aborda la reducción de la precariedad y la temporalidad con medidas que reducirán el empleo.

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+La propuesta del Gobierno
+La postura de CCOO y UGT

La CEOE acudirá a la próxima reunión de la mesa de diálogo social con propuestas concretas propias que supondrán una fuerte revisión del documento presentado ayer por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los agentes sociales, un texto que a juicio de la patronal imposibilita el acuerdo, ya que aborda la reducción de la precariedad y la temporalidad con medidas que reducirán el empleo.

El presidente de la organización, José María Cuevas, afirmó que el Gobierno ha esta semana su propuesta con buena intención, "pero para los sindicatos". A pesar de su rechazo al documento del Ejecutivo, la CEOE "no se va a levantar ni va a dar un puñetazo en la mesa", sino que acudirá a la próxima reunión con propuestas concretas propias.

Según indicó, aún "hay tiempo" para lograr un acuerdo antes de fin de año, siempre que las otras partes sean receptivas ante las medidas que proponga la patronal y no conviertan las reuniones "en un diálogo de sordos".


"Aún hay tiempo para lograr un acuerdo antes de fin de año, siempre que las otras partes sean receptivas"

La CEOE centra su rechazo al texto del Ejecutivo en el mantenimiento del contrato 'ordinario' de 45 días de indemnización por año trabajado y 42 mensualidades, "la más alta de la UE", en lugar de una impulsar una generalización de las condiciones del actual contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por año trabajado y 24 mensualidades.


CEOE pide una "simplificación" de la contratación y una reducción de las "grandes limitaciones" actuales para el uso del contrato de 33 días. La organización precisa que sus propuestas incluyen que todos los trabajadores que actualmente tienen un contrato de 45 días mantengan intacto ese derecho.

Asimismo, la patronal rechaza las obligaciones "más intensas" que propone el Gobierno para los empresarios en el marco de contratas y subcontratas y la "rigidez" a la que somete la contratación a tiempo parcial.

El Ministerio propone que en ese tipo de contratos sea concretada con exactitud la jornada laboral que deberá realizar el trabajador, mientras la CEOE estima correcto el actual régimen de preaviso, ya que considera "imposible" para el empresario saber con antelación cuándo trabajará exactamente cada empleado a tiempo parcial.

La patronal considera además insuficientes las rebajas de cotizaciones propuestas por Trabajo y Asuntos Sociales, tanto en el ámbito de desempleo como en el del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y señala que la escasa disminución de los pagos de los empresarios que recogía la propuesta gubernamental choca con lo aprobado por el propio Consejo de Ministros el pasado día 14, en el Plan Nacional de Reformas que España ha de presentar a Bruselas.

Trabajo propone abaratar el despido y mejorar los incentivos al empleo estable

La propuesta del Ministerio de Trabajo no ha gustado a las centrales sindicales y a los empresarios se les antoja innegociable.

En su esquema, el Ejecutivo propone concentrar los grandes incentivos a la contratación en el denominado contrato de fomento del empleo. Las bonificaciones mejorarán sensiblemente. En el nuevo esquema se premia hacer contratos que tienen una indemnización por despido mucho menor, de 33 días por año, frente a los 45 del contrato ordinario, que no se toca. Al mismo tiempo, se reducirán las cotizaciones sociales del empleo fijo y se propone poner fecha de caducidad a los incentivos por conversión de empleo temporal en indefinido, con el objetivo de que éste último sea el elegido de entrada por el empleador. Aunque quiere dejar claro que no es ningún dogma, en el documento de 19 páginas presentado a empresarios y sindicatos, el Ministerio de Trabajo ha ofrecido la propuesta que considera "globalmente más eficaz" para la creación de empleo, la reducción de la temporalidad y para armonizar mejor la flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores.

Con esta filosofía, Trabajo ha presentado un documento en el que propone soluciones a la situación actual del mercado laboral español. Además de los incentivos al contrato de fomento del empleo y a los contratos indefinidos, ofrece propuestas para atajar el abuso de la temporalidad y los excesos de las contratas y subcontratas, amplíar la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), fomentar la igualdad de géneros y mejorar la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), los Servicios Públicos de Empleo y la Inspección de Trabajo.

Uno de los grandes objetivos de Trabajo con este documento es estimular al máximo la contratación indefinida


Uno de los grandes objetivos de Trabajo con este documento es estimular al máximo la contratación indefinida. A nivel general, se propone una rebaja de 0,50 puntos en las cotizaciones sociales que se pagan por cada empleo fijo — una mitad en 2006 y la otra dos años después — y un recorte no cuantificado en las cotizaciones que paguen empresas creadas por jóvenes y mujeres.

Pero los incentivos para hacer contratos fijos ordinarios, los que tienen una indemnización por despido de 45 días por año trabajado, no se tocan en el plan del Gobierno. Tal y como ya había anunciado el Ministerio que dirige Jesús Caldera, la gran estrella de las bonificaciones será el contrato de fomento del empleo, una fórmula diseñada en 1997 específicamente para colectivos con difícil inserción laboral, y que tenía el gancho de contar con un despido más barato, de 33 días.

El Gobierno pretende "concentrar" en este contrato con despido más barato el grueso de las bonificaciones, que además se van a mejorar para ese tipo de empleos. Así, los incentivos durarán el doble, cuatro años — salvo para los mayores de 45 años y discapacitados, casos en los que se mantendrá la bonificación durante toda la vigencia del contrato — y se extenderán a los jóvenes varones de entre 16 y 30 años — no cubiertos hasta ahora por esas ventajas —.


El Gobierno pretende "concentrar" en este nuevo contrato con despido más barato el grueso de las bonificaciones

Además, se podrán hacer estos contratos a parados que estén inscritos sólo un mes como demandantes de empleo —actualmente hace falta llevar un mínimo de seis meses en las listas del Inem— y aquellos trabajadores que provengan de otra empresa como temporales.


En paralelo, y con la idea de fomentar la creación de contratos fijos iniciales, el Gobierno plantea poner fecha de caducidad — en un plazo sujeto a negociación — a los actuales incentivos a la conversión de empleo temporal a fijo. Una empresa no podrá hacer indefinido con esta bonificación a un trabajador que lleve seis meses sujeto a un contrato temporal.

Trabajo también destaca la importancia de mejorar las bonificaciones del empleo fijo a tiempo parcial - el contrato temporal a tiempo parcial verá reducida, en paralelo, su "sobrecotización" - y de reformular el de relevo para favorecer la estabilidad.

La postura de CCOO y UGT

El líder de CCOO, Antonio Fidalgo, expresó su "preocupación" por algunas "zonas de penumbra" de la economía española como la alta temporalidad del empleo, la fuerte inflación y el "muy zarandeado" diálogo social que el Ejecutivo está manteniendo con los sindicatos.

Reconoció la existencia de "fuertes discrepancias" entre la propuesta del Gobierno y la que los dos principales sindicatos plantearon en el mes de abril, lo que de momento llevaría a su organización a "rechazar" las ideas que ha puesto sobre la mesa el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Fidalgo recalcó que CCOO busca un "fortalecimiento" de la calidad del empleo con la reforma laboral que se está negocianco con el Ejecutivo y puso en duda que la propuesta gubernamental de reducir la indemnización por despido pueda contribuir a lograr ese objetivo.

Por su parte, el líder de UGT, Cándido Méndez, indicó que para los sindicatos esta negociación será "más difícil" que para la patronal, habida cuenta de que el documento del Ejecutivo es mucho "más nítido" hacia las posiciones de la CEOE.

El sindicato trabajará por la estabilidad del empleo, garantizar la igualdad laboral, mejorar la protección social así como la seguridad del trabajador


"Tanto nosotros como CC.OO. consideramos que debe abrirse la negociación, pero quien lo tiene fácil es la patronal, ya que la propuesta del Gobierno es mucho más reconocible desde su posición que desde la de los sindicatos", reiteró.

Méndez indicó que, una vez que el Gobierno ha presentado su propuesta por escrito, es el momento de comenzar la negociación, en clara alusión a la advertencia de la CEOE de que podría abandonar la mesa de diálogo, y afirmó que desde UGT se intentarán corregir aquellos aspectos que suponen un recorte de los derechos o debilitan las garantías de los trabajadores en caso de despido.

Al mismo tiempo, señaló que el sindicato trabajará para reforzar aquellos otros aspectos que supongan mejorar la estabilidad en el empleo, garantizar la igualdad en el mercado laboral, mejorar la protección social y darle mayor seguridad a los trabajadores.

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Para el Círculo de Empresarios, el debate sobre la financiación de las Comunidades Autónomas no puede ni debe reducirse a una confrontación meramente política

En su último documento correspondiente al mes de septiembre, el Círculo de Empresarios aborda la financiación de las Comunidades Autónomas apostando por un sistema de financiación que incremente la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, definiendo explícitamente un nivel de bienes y servicios al que todos los ciudadanos tengan acceso independientemente de su lugar de residencia. En este sentido, sería obligación del Estado dotar a éstas de recursos (propios y cedidos) suficientes para ofrecer ese nivel.

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+Soluciones al sistema de financiación actual

A partir de ahí, cada una de las Administraciones Públicas debe ser autónoma para determinar la composición y nivel de su gasto, asumiendo que es su responsabilidad recaudar ingresos suficientes para hacer frente a sus decisiones de gasto.

Desde hace meses viene produciéndose un encendido debate en torno a una cuestión de indudable trascendencia política, económica y social: la financiación de la sanidad pública. El proceso ha culminado con la adopción por parte del Estado de un conjunto de medidas presupuestarias y fiscales.

Sin embargo, esta acción del Gobierno es una solución transitoria y adoptada sin introducir cambios en el origen del problema: el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CC.AA).


Uno de los elementos esenciales de la reforma debe ser la profundización de la autonomía financiera de las CCAA

Además de los desequilibrios en la financiación de la sanidad y de los aspectos políticos, el sistema de financiación autonómica está aquejado de dos grandes problemas: la asimetría en las responsabilidades de ingreso y gasto (y la consecuente tendencia al gasto) y la insuficiente coordinación entre administraciones.


En efecto, el sistema se ha desarrollado de forma asimétrica, primando la descentralización de competencias de gasto frente a las de recaudación. Ello genera incentivos al incremento de gasto de las CCAA, cuyas autoridades no se ven obligadas a hacer frente a la responsabilidad de recaudar ingresos adicionales para financiar dichas decisiones.

Por tanto, uno de los elementos esenciales de la reforma debe ser la profundización de la autonomía financiera de las CCAA. En este sentido, el reciente acuerdo sobre financiación de la sanidad es incompleto, puesto que no conduce a un incremento sustancial de la capacidad de recaudación de las CCAA, ni les asigna explícitamente la responsabilidad de financiación de la parte del incremento de gasto sanitario que se ha derivado de sus propias decisiones de los últimos años.

Sin embargo, esta autonomía no requiere poner en cuestión la integridad fiscal del Estado ni, por tanto que se produzca una cesión íntegra a las autonomías de su soberanía en materia de Hacienda general. Es esta una cuestión que ha de ser respetada en el debate sobre las reformas de los Estatutos de las CCAA. La regulación autonómica no puede primar sobre la estatal ni pueden quitarse al Estado sus competencias regulatorias y recaudatorias en el territorio de las CCAA (mucho menos establecer unilateralmente máximos de aportación al sistema).

Así, una generalización de la excepción que constituyen las Comunidades Forales alteraría esencialmente el papel del Estado y del conjunto de las CCAA. La financiación del primero y, en especial, de sus competencias en materia de solidaridad e igualdad de trato de los ciudadanos, dependería de acuerdos bilaterales entre el Estado y cada una de las CCAA, poniendo así en cuestión todo el sistema

La mejora en la gestión del gasto exige abordar el otro gran problema del sistema de financiación: la insuficiente coordinación entre las administraciones


Así, una generalización de la excepción que constituyen las Comunidades Forales alteraría esencialmente el papel del Estado y del conjunto de las CCAA. La financiación del primero y, en especial, de sus competencias en materia de solidaridad e igualdad de trato de los ciudadanos, dependería de acuerdos bilaterales entre el Estado y cada una de las CCAA, poniendo así en cuestión todo el sistema.

Pero además de revisar el reparto de competencias en ingresos, la reforma debe hacer un especial énfasis en el lado del gasto. Las responsabilidades de gestión son muy importantes, y la eficiencia en este ámbito es la única vía con la que pueden contar las autoridades autonómicas para aumentar su oferta de bienes y servicios públicos sin tener que recurrir a incrementos en sus tributos. Ninguna partida de gasto debe abordarse de manera independiente (como se hace en el acuerdo sobre la sanidad), sino que es preciso que las CCAA tengan una visión integrada de la totalidad de sus gastos.

Así, si desean incrementar el peso de una determinada política, deberán abordar la reducción del gasto en otros objetivos o incrementar la presión fiscal que ejercen sobre sus ciudadanos.


Nuestro sistema de descentralización administrativa está alcanzando la madurez

La mejora en la gestión del gasto exige abordar el otro gran problema del sistema de financiación: la insuficiente coordinación entre las administraciones. Hasta ahora, el desarrollo del Estado autonómico ha basculado en torno a la descentralización competencial, asignando poca relevancia a la coordinación.


Sin embargo, es ésta una cuestión muy relevante para aumentar la eficiencia en la gestión de las competencias e introducir una mayor racionalidad en el gasto. Nuestro sistema de descentralización administrativa está alcanzando la madurez. Tiempo es incrementar su eficiencia y, sobre todo, dotarle de estabilidad y vocación de permanencia, de manera que se evite su continua revisión.


Soluciones al sistema de financiación actual

El Círculo de Empresarios plantea una serie de soluciones al actual sistema de financiación de las CCAA.

1. La reforma del sistema de financiación de las CCAA ha surgido por problemas políticos y financieros. Sin embargo, también hay otras debilidades del sistema que han de ser abordadas, como las asimetrías en la responsabilidad de ingresar y gastar, los incentivos al aumento del gasto o la insuficiente coordinación.

Por tanto, el debate sobre la financiación de las CCAA no puede ni debe reducirse a una confrontación meramente política, sino que ha de plantearse en términos de propuestas coherentes con los principios deseables para el buen funcionamiento de un sistema tan descentralizado como el spañol.

2. En lo que a descentralización impositiva se refiere, la reforma debe profundizar en la autonomía financiera de las CCAA, respetando siempre el principio de igualdad de trato. Este principio exige que se establezca explícitamente un nivel mínimo de servicios y bienes públicos a los que todos los ciudadanos deben tener acceso, independientemente de su lugar de residencia.

El Estado debe garantizar que las CCAA tienen las fuentes de ingresos necesarias para financiar ese nivel de gasto (esencialmente a través de sus tributos o de los compartidos). Además, las CCAA más ricas deberán participar en la cofinanciación de los mecanismos de nivelación precisos para asegurar ese nivel mínimo también a las regiones menos favorecidas.

Las CCAA más ricas deberán participar en la cofinanciación de los mecanismos de nivelación precisos para asegurar ese nivel mínimo a las regiones menos favorecidas


A partir de dicho nivel, cada una de las AAPP es plenamente autónoma a la hora de determinar sus niveles de gasto y la distribución del mismo entre diferentes objetivos o políticas. Ello implica que también ha de asumir los efectos de esas decisiones de gasto sobre su necesidad de captar ingresos. Así, si un gobierno autonómico decide aumentar una partida de gasto sin reducir otras, deberá asumir el coste político de elevar sus impuestos. Alternativamente, si mejora la gestión y reduce su gasto, podrá también reducir los impuestos que carga a sus
ciudadanos.

3. En todo caso, debe recordarse que la Constitución Española establece que la competencia en materia de Hacienda general recae exclusivamente en el Estado. Cualquier reforma que no respete este principio supondría la cesión por parte del Estado de su soberanía fiscal, transformando un sistema federal en otro confederal y poniendo en pie de igualdad Estado y CCAA. Por tanto, no cabe plantearse negociación alguna sobre tal derecho.

4. La simplificación del sistema de financiación es parte ineludible en la reforma del mismo. Un sistema más sencillo es también un sistema más transparente, con información más clara para los ciudadanos, que son en última instancia quienes financian y deben juzgar las decisiones de gasto. Además, la posibilidad de comparar fácilmente los resultados de los distintos gobiernos introduciría incentivos para la mejora de todos los gestores, permitiendo una mejor coordinación de las políticas.


La simplificación del sistema de financiación es parte ineludible en la reforma del mismo

5. La relación fiscal del ciudadano frente a la Administración debe minimizar la carga de cumplimiento para los contribuyentes. Una única administración tributaria, encargada de la función recaudatoria en todo el territorio nacional, evitaría al ciudadano tener que relacionarse con una administración diferente en función de las características del hecho imponible a que se enfrente.


También mantendría la unidad de los sistemas de información, con claras ganancias de eficiencia. Una agencia única, menos dependiente de la Administración Central, participada por las CCAA y bajo el control del Parlamento, podría ser una solución válida y aceptable para las autoridades autonómicas.

6. La gestión del gasto es el otro gran ámbito que debe abordarse en el debate sobre la reforma del sistema de financiación. Parece claro que los desajustes entre ingresos y gastos no derivan exclusivamente de factores exógenos como la evolución demográfica, sino que también se explican por decisiones adoptadas libremente por las CCAA.

En consecuencia, debe hacerse especialmente hincapié en la mejora de la gestión del gasto, sin esperar de forma recurrente que el Estado asuma la financiación de las decisiones discrecionales adoptadas por otras administraciones.

7. La reforma del sistema de financiación no debe partir de un análisis parcial en el que determinadas partidas de gasto (la sanidad, por ejemplo) se analizan aisladamente. A pesar de su importancia, la sanidad es sólo una de las competencias ejercidas por las CCAA y su financiación ha de analizarse de forma integrada.

Si determinadas autoridades regionales desean elevar su nivel de gasto en este ámbito, deberán afrontar la decisión, priorizando esta partida frente a otras o, alternativamente, elevando su presión fiscal.

8. Por su parte, el Estado debe cumplir en mayor grado su deber de coordinación de las políticas desarrolladas por los diversos niveles de las AAPP. Así, la coordinación es una de las grandes cuestiones que nuestro sistema debe mejorar.

Es preciso incrementar los flujos de información entre AAPP y, sobre todo, establecer mecanismos que permitan aprovechar las economías de escala en la provisión de muchos bienes y servicios públicos. De lo contrario, el sistema genera ineficiencias, menor calidad en la provisión de bienes y servicios y, en última instancia, niveles de gasto superiores a los necesarios

Es muy importante alcanzar un sistema estable de financiación y reparto competencial, con vocación de permanencia



9. Es muy importante alcanzar un sistema estable de financiación y reparto competencial, con vocación de permanencia. Una situación de constante inestabilidad llevará a políticas de gasto poco eficientes, a una tendencia creciente del endeudamiento autonómico y a un escenario de constantes enfrentamientos institucionales.

10. Este documento sobre financiación de las CCAA no analiza el problema de financiación de las haciendas locales. Por supuesto, esto no se debe a que se considere que las CCLL carecen de importancia, sino más bien todo lo contrario. Un análisis riguroso y profundo de las competencias y financiación de estas administraciones requiere de un documento al menos tan extenso como el dedicado a las haciendas regionales.

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